Que el PSOE haya presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley contra el proxenetismo no ha supuesto ninguna sorpresa política. Ya hace tiempo que la abolición de la prostitución figura entre los objetivos políticos del Partido Socialista. Es por ello que en esta legislatura ha decidido actuar en tres frentes distintos.
Los tres frentes legislativos sobre los que el Gobierno de coalición formado entre PSOE y Unidas Podemos ha decidido actuar para intentar acabar con la prostitución en España son los siguientes:
- La Ley de Libertad Sexual (popularmente llamada Ley del Solo Sí es Sí).
- La Ley Integral contra la Trata.
- La citada proposición legislativa contra el proxenetismo “en todas sus formas”.
Cada una de estas propuestas legislativas intenta actuar en una dirección. Todas ellas demuestran que España parece optar por la vía abolicionista entre los diferentes modelos de intervención sobre la prostitución en Europa.
La Ley del Solo Sí es Sí tiene, entre otros objetivos, el de reconocer a las víctimas de trata como víctimas de violencia machista y, en base a ello, establecer qué servicios de asistencia integral deberían activarse para prestar ayuda a esas personas.
La Ley Integral contra la Trata, por su parte, deberá regular el modo de articular herramientas que sirvan para prevenir la trata, perseguir el delito y, sobre todo, proteger a las víctimas, repararlas por el daño sufrido y conseguir su reinserción.
Finalmente, la reciente proposición legislativa contra el proxenetismo tiene, según el Gobierno, el objetivo de perseguir al proxeneta, a los “prostituidores” y a los dueños de locales en los que se practique la prostitución (tercería locativa).
Para conseguir esos objetivos y, además, proteger a las víctimas, se realizará (ése es el objetivo de esta proposición gubernativa) una reforma del Código Penal.
Vamos a ver a continuación con mayor detenimiento el contenido de esta reciente proposición y vamos a analizar el debate que ha suscitado no solo entre los diferentes grupos parlamentarios sino también en el seno de la sociedad.
¿Qué es proxeneta? Definición de proxenetismo en la proposición de ley
El título formal de esta propuesta legislativa de la que estamos hablando es “Proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal (CP) para prohibir el proxenetismo en todas sus formas”.
Presentada en el Registro del Congreso de los Diputados el pasado 19 de mayo, fue admitida a trámite por el Pleno con 232 votos a favor, 38 en contra y 69 abstenciones.
La principal novedad que presenta esta ley sobre prostitución es la de ampliar el castigo al proxenetismo y la de ensanchar también las fronteras de la respuesta a la pregunta sobre qué es un proxeneta.
En el Código Penal actualmente en vigor en nuestro país se exige que la obtención de lucro propia del proxenetismo se haya realizado mediante la explotación de la persona prostituida. Según los impulsores de la proposición legislativa a la que estamos dedicando este artículo, dicha definición de la figura jurídica del proxenetismo “ha llevado a una total inaplicación de este precepto y, en la práctica, a la impunidad total” del proxeneta.
En la propuesta socialista, la persecución del proxenetismo se desvincularía del concepto de explotación. Así, modificando el artículo 1987 del Código Penal, se ampliaría el tipo penal.
En el CP actual se contempla que las mujeres prostitutas han sido explotadas cuando:
- Se les haya impuesto para el ejercicio condiciones “gravosas, desproporcionadas o abusivas”.
- La víctima se encuentre en “situación de vulnerabilidad personal o económica”.
Las penas de prisión contempladas actualmente en el Código Penal para los proxenetas van de los dos a los cuatro años, y las multas, de doce a veinticuatro meses. Curiosamente, la proposición legislativa rebaja las penas citadas, estableciendo las penas de prisión en una horquilla que va de uno a tres años.
La proposición del Gobierno incorpora también lo que se conoce como tercería locativa, o sea, el castigo penal a quien “con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dieciocho a veinticuatro meses”.
Este término estaba incluido en el proyecto de Ley de Libertad Sexual pero fue eliminado del articulado de la misma tras su debate en la Comisión de Igualdad del Congreso.
Castigo a los consumidores de prostitución
Otra de las novedades legislativas que incorpora esta proposición que persigue, en último término y según palabras de los propios impulsores de la misma, abolir la prostitución “de facto”, es el castigar a los clientes de la misma.
El castigo que se prevé en el texto para aquellos que “convengan” la práctica de actos de naturaleza sexual “a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico” será de una multa de 12 a 24 meses. Esta multa se incrementaría en aquellos casos en los que quien prestara el servicio sexual fuera menor de edad.
Este artículo especifica que en ningún caso será penalizada o multada la prostituta o quien preste el servicio sexual.
Una de las críticas que ha recibido este artículo en concreto por parte de expertos y expertas en Derecho Penal es que la definición del delito es poco clara y permite una amplia interpretación. Muchas de estas autoridades jurídicas se preguntan: ¿se entendería como prostitución, por ejemplo, un intercambio de naturaleza sexual a través de OnlyFans u otras páginas webs de Sugar girls?
Ésta, como hemos indicado, no es la única crítica que se ha vertido, desde instancias jurídicas y políticas, hacia la proposición de ley. En el próximo apartado vamos a realizar una breve mención a las más importantes.
Críticas a la proposición de ley de prostitución en España
El recuento de votos en el Congreso de los Diputados a la hora de admitir a trámite esta proposición de Ley y el tono de los discursos de los diferentes parlamentarios demostraron que, pese a la amplia mayoría obtenida por el Gobierno, existen posturas muy diferentes en el arco parlamentario en lo que hace la referencia a la prostitución y a cómo debe ser tratada legislativamente.
¿Es legal la prostitución en España? No. ¿Es ilegal? Tampoco. Se encuentra, pues, en una situación de “alegalidad”. Tanto PSOE como Partido Popular defienden un objetivo último común: su abolición. Otros partidos como ERC, EH Bildu, PNV, CUP o Ciudadanos y ciertas facciones de Unidas Podemos defienden su regulación.
Los partidos que optan por la regulación hacen hincapié al defender su postura que no es lo mismo la explotación sexual que el libre y voluntario ejercicio de la prostitución. Este derecho, afirman, hay que respetarlo. La libertad sexual, sostienen, también consiste en eso: en que una persona adulta, de manera libre y consciente, decida prestar servicios sexuales a cambio de dinero.
Por su parte, diferentes juristas y profesores y profesoras de Derecho han opinado en diferentes medios de comunicación que redactar una figura jurídica como la del proxenetismo de una forma tan amplia como lo hace el texto presentado por el Gobierno provoca inseguridad jurídica. Y ponen un ejemplo: tal y como está perfilado el concepto de proxenetismo… ¿podría llegar a ser considerado proxeneta el hijo de una trabajadora sexual?
Y es que, aunque en el preámbulo de la proposiciónn de ley se indica que se dejan fuera del tipo delictivo conductas de mera recepción de dinero proveniente de la persona prostituida, ¿quién puede asegurar que una autoridad judicial no actuara contra los hijos de una prostituta amparándose en una interpretación amplia de la ley? Las fronteras difusas o no demasiado claras entre lo permitido y lo prohibido agudizan comúnmente el sesgo ideológico de quien ha de juzgar una determinada acción.
