España afronta hoy el reto de garantizar asesoría legal accesible y especializada en toda España. La demanda de justicia gratuita y servicios de orientación jurídica se ha incrementado en los últimos años, mientras que las exigencias normativas y tecnológicas obligan a adaptar los servicios tradicionales. Este escenario plantea tanto oportunidades como desafíos para administraciones, colegios de abogados, despachos privados y nuevas plataformas LegalTech.
Los datos recientes confirman una presión sostenida sobre el sistema: en 2024 se registraron alrededor de 1,1 millones de solicitudes de justicia gratuita, con un gasto público superior a 344 millones de euros y un aumento del 5% en peticiones respecto a ejercicios previos. Frente a ello, hay cambios en la plantilla de profesionales y obligaciones legales de accesibilidad que condicionan cómo se presta la asesoría a toda la ciudadanía.
Estado actual de la justicia gratuita y la demanda ciudadana
La justicia gratuita en 2024 atendió 1,1 millones de solicitudes, con un índice de conocimiento público del 93% y una satisfacción del 74% entre los usuarios. Estos números muestran que la ciudadanía conoce y valora el servicio, aunque también revelan margen de mejora en la experiencia y en la cobertura efectiva.
El gasto público dedicado superó los 344 millones de euros y las peticiones aumentaron un 5% en relación con periodos anteriores, mientras que las denegaciones se sitúan en torno al 10%. Esa brecha entre demanda y concesiones refleja criterios de elegibilidad, saturación de recursos y la necesidad de reforzar los mecanismos de financiación y control.
La percepción pública de la Justicia es crítica: encuestas y barómetros sitúan una amplia insatisfacción con el sistema y un respaldo mayoritario , aproximadamente el 81%, a la necesidad de reformarlo para mejorar el acceso y la eficiencia. Esa demanda social empuja hacia soluciones más accesibles y especializadas, tanto públicas como privadas.
Turno de Oficio: volumen de trabajo y presión sobre profesionales
El Turno de Oficio sigue siendo una pieza clave para garantizar asistencia jurídica a quienes no pueden costearla. En 2023, 40.748 profesionales inscritos atendieron 2.071.698 asuntos, una cifra que pone de manifiesto la enorme carga de trabajo que asumen los letrados y procuradores.
El informe de 2024 refleja una ligera caída en el número de profesionales inscritos (39.941), mientras que la demanda continúa en subida. Esta combinación aumenta la presión sobre los que permanecen en el sistema y dificulta mantener tiempos de respuesta y especialización adecuados en todas las materias.
En 2025 se aprobó una orden ministerial que incrementó en un 8% la retribución de abogados y procuradores del Turno de Oficio en determinadas provincias, con efecto retroactivo desde el 1/1/2025. Aunque es un avance, persiste la reivindicación de revisar los baremos territoriales para garantizar equidad y sostenibilidad en todo el país.
Distribución territorial del gasto y desigualdades autonómicas
La distribución autonómica del gasto en Justicia Gratuita en 2024 muestra concentraciones significativas: Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana lideraron el gasto, con aproximadamente 68,1 M€, 55,1 M€ y 51,8 M€ respectivamente. Cataluña también gestionó el mayor número de solicitudes.
Estas diferencias territoriales indican variaciones en la demanda, en los costes locales y en la capacidad de las administraciones autonómicas para financiar la asistencia. La heterogeneidad complica el objetivo de ofrecer asesoría legal especializada y accesible de forma homogénea en todo el territorio.
Para abordar esas desigualdades se necesitan políticas de coordinación interautonómica, revisión de baremos y mecanismos de financiación que mitiguen la brecha entre regiones con más y menos recursos, garantizando acceso efectivo en zonas rurales y urbanas por igual.
Censo de la abogacía y riesgo de relevo generacional
El censo reciente sitúa alrededor de 237.239 colegiados totales en España, de los cuales aproximadamente 149.695 son ejercientes. Con una densidad de cerca de 313 abogados por cada 100.000 habitantes, España está entre los países con mayor número de abogados por habitante.
No obstante, el análisis 2024/2025 advierte un riesgo de relevo generacional: unos 44.000 letrados ejercientes de entre 51 y 60 años deberán ser relevados en los próximos 15 años, y hay menos profesionales jóvenes disponibles para cubrir esa demanda. Esa dinámica genera presión sobre la cobertura de servicios, incluyendo el Turno de Oficio.
La combinación de envejecimiento profesional y reducción de inscritos en el Turno de Oficio exige actuaciones proactivas: incentivos a la entrada de jóvenes abogados en el sistema público, formación especializada y condiciones laborales atractivas que permitan mantener la continuidad y la calidad del servicio.
Marco jurídico de accesibilidad y obligaciones digitales
España ha avanzado en la transposición de la normativa europea sobre accesibilidad digital: la Directiva (UE) 2019/882 fue incorporada mediante la Ley 11/2023 (publicada en BOE el 9/5/2023). Además, los requisitos comunes de la Acta Europea de la Accesibilidad (EAA) son de aplicación obligatoria desde el 28/06/2025 para nuevos productos y servicios.
Esto tiene implicaciones directas para plataformas de asesoría legal online, webs, apps y trámites digitales: deben cumplir criterios de usabilidad y accesibilidad para personas con discapacidad. El marco jurídico nacional , junto con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Real Decreto Legislativo 1/2013, reconoce el derecho de acceso a la justicia y exige procedimientos y soportes accesibles.
Además, desde el 28/06/2025 hay obligaciones en dispositivos físicos como cajeros y terminales de autoservicio, con multas y requisitos de declaración de accesibilidad. Esa presión regulatoria sienta precedentes para exigir estándares similares en servicios jurídicos digitales y en las herramientas usadas por despachos y administraciones.
LegalTech, IA y nuevas formas de ofrecer asesoría accesible y especializada
El ecosistema LegalTech en España crece: mapas y eventos sectoriales muestran empresas y proyectos orientados a automatización, gestión documental y prestación de servicios digitales que facilitan la asesoría accesible y especializada. Plataformas y bufetes con servicio remoto intentan cubrir la demanda nacional con soluciones multicanal.
La tendencia hacia la IA es clara: informes de 2024 y 2025 indican que aproximadamente el 48% de los despachos planean invertir en IA generativa en los próximos años. Expertos y representantes del sector , incluyendo grupos como Aranzadi, consideran la IA como una herramienta necesaria para modernizar servicios, ofrecer triage jurídico, seguimiento de expedientes y asistencia remota.
Sin embargo, existen fricciones: los estudios advierten sobre errores y limitaciones de las herramientas de IA, por lo que son necesarias gobernanza, supervisión experta y formación continua. La combinación de tecnología y control profesional puede ampliar la cobertura y mejorar la especialización, si se encauza con criterios éticos y regulatorios claros.
Retos, propuestas y buenas prácticas para la cobertura nacional
Para garantizar asesoría legal accesible y especializada en toda España es urgente actualizar baremos y financiación pública, reforzar la plantilla del Turno de Oficio y diseñar incentivos para atraer a jóvenes profesionales. Las declaraciones públicas de Victoria Ortega y otros decanos subrayan la necesidad de revisar retribuciones y reconocer el servicio del Turno de Oficio.
En paralelo, es imprescindible adoptar estándares de accesibilidad digital (Ley 11/2023 y EAA), acompañados de auditorías y planes de adaptación para webs, apps y plataformas de asesoría. Las obligaciones sobre cajeros y autoservicios ofrecen un modelo regulatorio que puede trasladarse a los servicios jurídicos digitales.
Finalmente, las administraciones y el sector privado deben promover la gobernanza de la IA en el ámbito legal: marcos de supervisión, protocolos de evaluación de riesgos y formación especializada que permitan utilizar la IA como herramienta de escalado sin sacrificar fiabilidad ni confidencialidad. La combinación de inversión pública, innovación LegalTech y reformas regulatorias es la vía para cubrir las brechas actuales.
La apuesta por la asesoría legal accesible y especializada en toda España requiere coordinación entre administraciones, colegios profesionales, despachos y empresas tecnológicas. La realidad es compleja: mayor demanda de asistencia gratuita, presión demográfica, nuevas obligaciones de accesibilidad y una rápida adopción tecnológica que ofrece oportunidades y riesgos a la vez.
El desafío es ambicioso pero alcanzable si se combinan reformas de financiación y baremos, planes de relevo generacional, cumplimiento estricto de accesibilidad digital y una gobernanza responsable de la IA. Solo así se podrá garantizar que todas las personas, en cualquier punto del país, tengan acceso a asesoría jurídica de calidad y en condiciones de igualdad.
