La asesoría legal accesible y especializada es un objetivo cada vez más presente en el debate público y normativo en España. La necesidad de modernizar la organización, los baremos y las herramientas de la asistencia jurídica gratuita ha quedado reflejada en el Anteproyecto de Ley de Justicia Pública Gratuita publicado el 26/06/2024 por el Ministerio de Justicia, que abrió una consulta pública para recabar aportaciones ciudadanas.
Ese proceso normativo responde a problemas concretos: desde cifras de uso muy superiores a la media europea hasta desigualdades territoriales en retribuciones y organización. En este artículo analizamos el contexto de la reforma, los datos oficiales recientes, el papel de la innovación LegalTech y las obligaciones de accesibilidad que deben acompañar cualquier modelo de asesoría legal moderna en toda España.
Contexto y objetivos de la reforma
El Anteproyecto de Ley de Justicia Pública Gratuita (26/06/2024) busca sustituir la regulación actual , la Ley 1/1996, e introducir definiciones y organización actualizadas del sistema de asistencia jurídica gratuita. El Ministerio abrió un plazo de consulta pública con instrucciones y un correo habilitado para aportaciones: nuevaleydeasistenciajuridicagratuita@mjusticia.es.
Entre las prioridades señaladas figuran la definición de insuficiencia de recursos, la delimitación del ámbito personal de la asistencia, y la organización de servicios especializados y los turnos de oficio. La voluntad declarada es modernizar y homogeneizar criterios para mejorar la cobertura y la eficiencia del servicio.
El impulso normativo se apoya en datos y en demandas institucionales: el Ministerio, citando el informe CEPEJ, destaca que España registra 3.379 actuaciones de asistencia jurídica por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media europea (734), un argumento utilizado para justificar la reforma y atender cuellos de botella.
Situación actual de la asistencia jurídica gratuita
Los datos autonómicos permiten medir la demanda y la presión sobre el sistema. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid registró en su memoria 2023 que 85.884 personas fueron atendidas con asistencia jurídica gratuita, un 4,4% más que en 2022. Ese incremento obliga a revisar recursos y procesos.
En términos presupuestarios, la Comunidad de Madrid destinó 56,3 millones de euros para garantizar la asistencia jurídica gratuita en el ejercicio señalado (comunicado 27/09/2024), un aumento del 9,2% respecto al año anterior. No obstante, las cifras varían entre autonomías, lo que explica parte del debate sobre homogenización.
Además de recursos económicos, el Observatorio Justicia y colegios de abogados (p. ej. ICAM) han alertado en 2024 y 2025 sobre la cronificación del colapso judicial y la necesidad de fomentar soluciones extrajudiciales y mejorar la gestión de la asistencia jurídica para reducir tiempos de respuesta.
Retribuciones del turno de oficio y desigualdades territoriales
Las retribuciones del turno de oficio han sido objeto de negociación y ajustes recientes. Una orden ministerial incrementó en un 8% las retribuciones en el “territorio ministerio” con efecto retroactivo al 1/1/2025, mientras que autonomías como la Comunidad de Madrid acordaron subidas del 13% hasta 2027 y Andalucía aplicó aumentos relevantes en 2023.
Estas variaciones evidencian una desigualdad territorial en las condiciones de trabajo y remuneración de los profesionales que prestan asistencia gratuita. El Consejo General de la Abogacía Española ha reivindicado la inclusión, en la nueva ley, de un “sistema homogéneo de retribuciones” y la actualización de baremos para garantizar condiciones dignas en el turno de oficio.
La armonización de criterios retributivos es clave para asegurar la cobertura en todo el territorio y evitar desequilibrios que puedan limitar la accesibilidad efectiva a la justicia, sobre todo en zonas con menor oferta de letrados o más presión de demanda.
Papel de LegalTech en el acceso a asesoría especializada
El ecosistema LegalTech en España está consolidado: el Mapa LegalTech (PwC / Fundación PwC, informe 2023) identifica aproximadamente 230 empresas que ofrecen soluciones variadas (marketplaces, automatización documental, IA jurídica). Estas herramientas pueden ampliar el alcance de la asesoría legal accesible y especializada, facilitando cobertura nacional y atención remota.
Casos prácticos confirman el dinamismo del sector: empresas como DEH Online declararon una facturación récord en 2023 de 10,3 M€ y un crecimiento interanual superior al 35%, lo que ilustra la capacidad de escala de soluciones digitales para pymes y asesorías.
No obstante, el despliegue de LegalTech encuentra barreras: la falta de formación tecnológica entre abogados frena la adopción, según informes sectoriales de 2023 y 2024. Además existen vacíos en áreas como intake de asuntos, pricing y soluciones verticales, lo que revela campos de oportunidad para mejorar la accesibilidad y especialización.
Marketplaces, modelos de precio y calidad de la atención
El ecosistema de marketplaces y plataformas jurídicas , por ejemplo Elabogado, Rocket Lawyer/EU, Lexness o Formal Docs, facilita el acceso remoto a asesoría especializada y modelos de precios alternativos (suscripción, tarifa plana, pay-per-service). Estos modelos ayudan a reducir barreras geográficas y económicas para ciudadanos y pymes.
Sin embargo, la calidad y la homogeneidad del servicio requieren controles y estándares: los operadores públicos y privados que presten servicios de interés general deben cumplir obligaciones legales y de accesibilidad, y deben existir garantías sobre formación, secreto profesional y cumplimiento ético.
Integrar LegalTech con la red de servicios públicos y del turno de oficio puede ser una vía para escalar la asistencia gratuita, pero precisa marcos de colaboración, adaptación normativa y formación continua de los profesionales.
Accesibilidad, discapacidad y normativas digitales
La asesoría legal accesible debe incorporar, por diseño, las garantías para personas con discapacidad. La Ley 8/2021 (reforma civil y procesal) refuerza derechos y apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica y es clave para asegurar atención personalizada en procesos y asesorías.
En el ámbito digital, el Real Decreto 1112/2018 obliga a la accesibilidad de webs y apps del sector público y la transposición de normas europeas (EN 301549 / Acta Europea de Accesibilidad) impone exigencias técnicas (WCAG) que afectan a despachos, plataformas y proveedores de asesoría online que ofrezcan servicios de interés general.
Aplicar esos estándares mejora la inclusión y la utilidad práctica de las herramientas legales digitales: interfaces accesibles, documentación en formatos alternativos y servicios de apoyo son imprescindibles para una asesoría verdaderamente accesible y especializada.
Cómo participar y recomendaciones prácticas
La tramitación del Anteproyecto de Ley incluyó una fase de consulta pública que permite a profesionales, colegios y ciudadanos enviar propuestas al correo nuevaleydeasistenciajuridicagratuita@mjusticia.es. Participar en ese proceso es una oportunidad para incorporar soluciones de campo y demandas concretas.
Entre las recomendaciones prácticas para avanzar hacia una asesoría legal accesible y especializada destacan: 1) incorporar mecanismos de homogeneización de retribuciones y actualización de baremos; 2) fomentar la integración de LegalTech con formación específica para abogados; y 3) asegurar el cumplimiento de estándares de accesibilidad digital y apoyos para personas con discapacidad.
Además, impulsar modelos mixtos (presencial + digital), fortalecer los servicios extrajudiciales y promover acuerdos entre administraciones y el sector privado pueden mejorar tiempos de respuesta y la calidad del servicio, reduciendo la presión sobre los tribunales.
Conclusión
El momento es propicio para consolidar una asesoría legal accesible y especializada en toda España: la reforma legal en tramitación, la pujanza del ecosistema LegalTech (≈230 empresas) y las obligaciones de accesibilidad constituyen una base para transformar la prestación de servicios jurídicos.
La clave será combinar recursos públicos, innovación tecnológica y estándares de accesibilidad y de retribución que garanticen condiciones dignas para los profesionales y un acceso efectivo para la ciudadanía. La participación en la consulta pública y el diálogo entre administraciones, colegios y empresas son pasos necesarios para lograrlo.
