La digitalización y acceso a la justicia está transformando trámites civiles, audiencias y la publicación de decisiones judiciales. Tras la pandemia se aceleró la adopción de tecnologías en los tribunales, pero la velocidad del cambio obliga a reflexionar sobre diseño centrado en las personas, garantías procesales y gobernanza de datos.
Este artículo repasa normas recientes (especialmente europeas), evidencia empírica y experiencias nacionales , con especial atención a España, para mostrar oportunidades, riesgos y recomendaciones concretas que permitan que la transformación digital mejore realmente el acceso a la justicia.
Panorama global de la transformación digital
El despliegue de la digitalización en sistemas judiciales se aceleró de forma notable después de 2020. Según el World Bank (marzo 2025), la adopción de reformas para digitalizar tribunales subió de 62% a 88% en países de altos ingresos entre 2020 y 2021; subidas aún más pronunciadas se registraron en upper‑middle (43% a 89%), lower‑middle (26% a 53%) y low‑income (4% a 17%). Estos saltos muestran un despliegue rápido, impulsado por la necesidad de mantener acceso a los servicios judiciales durante la crisis sanitaria.
Los beneficios reportados incluyen reducción de tiempos en resolución de casos y mayor cobertura geográfica mediante soluciones móviles y remotas. Por ejemplo, estudios citados por el World Bank muestran que tribunales laborales de Brasil redujeron los tiempos: resolución electrónica ↓13% en adjudicación y ↓11% en ejecución; y experiencias en países como Tanzania con tribunales móviles acercaron servicios a zonas rurales.
No obstante, la evidencia global también enfatiza limitaciones estructurales: falta de infraestructura, tecnologías obsoletas y capacidad institucional insuficiente en muchos contextos. Revisiones académicas recientes (IJCA, feb 2026) confirman que, aunque la tecnología aporta ventajas, las barreras persistentes debilitan resultados si las reformas no son secuenciadas y acompañadas de inversión en capacidades.
Normas europeas y la prioridad de la supervisión humana
En diciembre de 2024 la CEPEJ (Consejo de Europa) adoptó las «Guidelines on the online publication of judicial decisions», que establecen principios clave , transparencia, pseudonimización, integridad, accesibilidad y supervisión humana frente a decisiones automatizadas, para la publicación de sentencias en línea. Estas directrices buscan equilibrar el derecho a la información pública con la protección de datos personales.
La agenda 2025 del European Cyberjustice Network también incluye explícitamente «Human Oversight of Automated Decision‑Making», lo que refleja una preocupación institucional por evitar delegar decisiones críticas a sistemas automatizados sin intervención humana. Debates de 2024‑2025 en la UE (incluido FRA, mayo 2025) y la propia CEPEJ subrayaron la necesidad de guías prácticas para usar IA en admisión de pruebas, clasificación de casos y apoyo decisorio.
Las normas europeas emergentes insisten en requisitos operativos: registros de auditoría, control de integridad de expedientes, criterios de anonimización y mecanismos que garanticen la revisión humana en puntos sensibles del proceso judicial. En suma, la digitalización debe ir acompañada de un marco normativo que proteja derechos fundamentales.
Experiencias y evidencia experimental: qué funciona
No todo es teoría: hay evidencia experimental y evaluada de medidas digitales concretas que mejoran resultados procesales. Un estudio de octubre de 2025 con defensores públicos en Estados Unidos (Science Advances) mostró que recordatorios automatizados por SMS reducen las órdenes de busca por ausencias y disminuyen encarcelamientos por ausencias en aproximadamente 20% en un subgrupo (de 6.6% a 5.2%). Este tipo de «digital nudges» demuestra cómo intervenciones sencillas aumentan la asistencia a citas y evitan consecuencias penales.
En Estados Unidos y otros países, guías prácticas como el «Remote Proceeding Toolkit» y recomendaciones de Pew / NCSC (2022, 2023) impulsan soluciones de autoservicio (kioscos), la recolección de datos abiertos sobre uso de tecnología y criterios para decidir qué audiencias deben ser virtuales. Estas prácticas también insisten en medidas de protección para usuarios vulnerables: personas con discapacidad, con poco ancho de banda o que hablan otros idiomas (LEP).
La experiencia práctica demuestra que la combinación de mejoras tecnológicas (e‑filing, visores de expediente, portales de transparencia) con decisiones basadas en evidencia y diseño centrado en el usuario produce ganancias en eficiencia y participación. Pero esos beneficios solo son sostenibles cuando se abordan simultáneamente brecha digital, interoperabilidad y seguridad.
Impacto y retos en España
España ha desplegado reformas legales recientes que aceleran la digitalización procesal. La Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada definitivamente el 19/12/2024, y la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa (BOE 14/11/2024, vigor 04/12/2024) impulsan la transformación: reorganizan 3.800 juzgados unipersonales para convertirlos en 431 Tribunales de Instancia y crean Oficinas de Justicia municipales para trámites telemáticos locales.
Sin embargo, la implantación práctica ha generado alertas. En marzo de 2025 colegios de la abogacía y artículos especializados han denunciado problemas con el Expediente Judicial Electrónico (EJE): falta de criterios homogéneos, dificultades para reconstruir la integridad del expediente, desigual acceso según partido judicial y riesgo de indefensión. Como ha afirmado el ICAM y prensa especializada: «La justicia digital no debe vulnerar el derecho de defensa.»
Además, existen iniciativas tecnológicas en regiones (visores de expediente como Horus en algunas CC.AA., plataformas de e‑filing), pero su heterogeneidad subraya la necesidad de estándares homogéneos de interoperabilidad, integridad y acceso para evitar que la digitalización aumente desigualdades entre territorios.
Brecha de acceso y exclusión: dimensiones humanas y cuantitativas
Las cifras consolidadas por organizaciones internacionales muestran una brecha de justicia persistente: al menos 1.5 mil millones de personas no pueden resolver problemas jurídicos; 4.5 mil millones carecen de herramientas jurídicas clave (documentos de identidad, derechos de tierra, trabajo formal); y alrededor de 5.1 mil millones enfrentan barreras significativas para acceder a la justicia. Estas mediciones, reutilizadas por OCDE/UN/World Bank, colocan en contexto la urgencia de diseñar sistemas inclusivos.
La digitalización por sí sola no cierra esas brechas: sin infraestructura, alfabetización digital y canales alternativos, millones quedan fuera. Estudios (IJCA, feb 2026) y recomendaciones del World Bank advierten que la transformación debe focalizarse «on the people who will use these services» y proveer soporte multicanal y atención asistida para quienes no puedan usar plataformas digitales.
Por tanto, una estrategia efectiva combina herramientas digitales con presencia física o asistida, capacitación a operadores y usuarios, y medidas específicas para poblaciones vulnerables (rurales, mayores, con barreras lingüísticas o tecnológicas) para evitar que la digitalización amplifique la exclusión.
Seguridad, privacidad y gobernanza de datos
La publicación online de decisiones y la gestión electrónica de expedientes requieren criterios claros de seguridad y privacidad. Las Guidelines de la CEPEJ (dic. 2024) recomiendan pseudonimización, controles de integridad y políticas de retención que equilibren la transparencia con la protección de datos personales. En paralelo, los debates europeos de 2024‑25 han subrayado la necesidad de auditorías y trazabilidad en sistemas que emplean algoritmos.
La gobernanza de datos es clave: la OCDE (recomendación 12 jul 2023 y Toolkit 2025) pide marcos que definan responsabilidades, estándares de interoperabilidad (ECMS, registros civiles, notificaciones) y el uso de evidencia para reasignar recursos y responder mejor a necesidades ciudadanas. Sin gobernanza robusta, la información puede fragmentarse y poner en riesgo la integridad procesal.
La inversión en ciberseguridad, auditorías periódicas, estándares técnicos y formación de personal son medidas imprescindibles. Además, la pseudonimización y reglas sobre publicación deben aplicarse con criterios homogéneos para que el acceso público no comprometa derechos individuales ni la integridad de los expedientes.
Recomendaciones prácticas para una digitalización inclusiva
La literatura y las guías internacionales (World Bank, OCDE, IJCA, guías nacionales 2023‑2026) sintetizan recomendaciones accionables: secuenciar reformas (simplificar procesos antes de digitalizar), invertir en ciberseguridad y alfabetización digital, asegurar interoperabilidad e implementar canales alternativos presenciales o asistidos para evitar exclusión.
Otras medidas prácticas incluyen diseñar plataformas con enfoque ciudadano (soporte multicanal, lenguaje claro), recopilar datos abiertos sobre uso y resultados para ajustar políticas, y definir puntos de control humano en decisiones automatizadas. Herramientas ya en despliegue , visores de expediente, e‑filing, portales de transparencia, deben alinearse con estándares y evaluaciones de impacto.
Finalmente, es crucial medir resultados: indicadores de acceso, tiempos de resolución, satisfacción del usuario y brechas persistentes deben guiar la asignación de recursos. Como resume el World Bank, “the digital transformation of justice should be focused on the people who will use these services.”
La digitalización ofrece una oportunidad histórica para mejorar la eficiencia, la cobertura y la transparencia del acceso a la justicia, pero no es una solución automática. Solo con normas claras, diseño centrado en las personas, gobernanza de datos y salvaguardas la tecnología podrá ampliar derechos en lugar de ponerlos en riesgo.
Políticas bien secuenciadas, inversión en capacidades y mecanismos de supervisión humana pueden convertir las herramientas digitales en palancas de equidad. Si se respetan garantías procesales y se atiende la brecha digital, la transformación puede acercar la justicia a millones que hoy están excluidos.
