La adopción de nuevas herramientas digitales para asesoría legal está transformando la práctica jurídica en España. Entre regulaciones europeas, guías colegiales y un mercado LegalTech en expansión, las asesorías y despachos afrontan oportunidades y riesgos que requieren decisiones estratégicas sobre tecnología, gobernanza y procesos.
Este artículo repasa los hitos regulatorios recientes (eIDAS 2.0, AI Act), iniciativas públicas (Justicia 2030, ACCEDA‑JUSTICIA), guías profesionales (ICAM, Consejo General) y casos de mercado (CLM, firmas electrónicas, Bigle) para ofrecer recomendaciones prácticas a los responsables de asesoría legal.
eIDAS 2.0 y la firma electrónica cualificada
El Reglamento eIDAS 2.0 (Reg. UE 2024/1183) entró en vigor el 20/05/2024 y habilita la Cartera Europea de Identidad Digital (EUDI Wallet). Esta infraestructura permitirá, entre otras prestaciones, crear firmas electrónicas cualificadas desde el móvil y facilitar la interoperabilidad de firmas y atributos electrónicos entre Estados miembros a partir de 2025‑2026.
Para despachos y asesorías, la llegada de la EUDI Wallet reduce fricciones en la firma remota de documentos y mejora la validez jurídica de las firmas electrónicas cualificadas frente a firmas avanzadas o simples. Integrar firmantes móviles con proveedores de servicios de confianza será una ventaja competitiva y una exigencia práctica para contratos transfronterizos.
Además, el mercado de servicios de confianza muestra movimientos de consolidación e internacionalización: actores como Signaturit han crecido y realizado adquisiciones, Logalty experimentó operaciones corporativas en 2025, y acuerdos de integración (por ejemplo, Lefebvre con Signaturit) refuerzan la oferta de firma y custodia electrónica integrada. Esto facilita la adopción de flujos CLM + firma cualificada, recomendados para asesorías.
Marco de IA: regulación y guías para la práctica jurídica
El Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial (AI Act) entró en vigor en 2024 y su aplicación es gradual: prohibiciones clave comenzaron a aplicarse desde febrero de 2025 y la mayoría de obligaciones serán plenamente exigibles en 2026 y 2027. El AI Act afecta a proveedores de modelos y a herramientas jurídicas que incorporen IA, especialmente cuando su uso implique riesgos sistémicos o decisiones automatizadas.
En paralelo, organismos nacionales han publicado políticas y guías. El Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia (CTEAJE) aprobó el 21/06/2024 una Política de uso de la IA con criterios mínimos , transparencia, control humano, no discriminación, y una lista de usos aceptados y prohibidos en el ámbito judicial. El ICAM publicó el 05/02/2026 una Guía práctica para un uso responsable de la IA en la abogacía con recomendaciones operativas sobre auditorías, trazabilidad, evaluación de riesgos y formación.
El Libro Blanco del Consejo General de la Abogacía Española (presentado el 29/01/2026) y la Guía del ICAM coinciden en el enfoque: adopción responsable, gobernanza de proveedores y formación continua. Como resumió el decano Eugenio Ribón en la presentación del ICAM: «La abogacía no debe limitarse a adaptarse al cambio: debe liderarlo.»
El ecosistema LegalTech español y el GLTHindex
España cuenta con un ecosistema LegalTech dinámico: el Mapa LegalTech de PwC/Fundaciones identificó más de 200 players en 2023 y desde 2025/2026 se despliega el GLTHindex (Global LegalTech Hub) como primer barómetro de madurez tecnológica legal, presentado en diciembre de 2025 y con despliegue en España.
La oferta cubre firmas electrónicas, plataformas CLM, automatización documental, análisis masivo con IA y soluciones de LegalOps. Empresas nacionales (Bigle, Lexzur, Webdox, entre otras) compiten con soluciones internacionales (DocuSign CLM, etc.), lo que permite a despachos escoger tecnologías ajustadas a su tamaño y orientación.
El mercado también muestra consolidación: integraciones entre proveedores de contenidos y firmas electrónicas, adquisiciones y alianzas que facilitan soluciones integradas para asesorías; esto reduce fricción al implementar flujos que combinan CLM, firma cualificada y gestión documental segura.
Herramientas prácticas: CLM, automatización y casos de uso
El Contract Lifecycle Management (CLM) y la automatización contractual son herramientas centrales para asesorías. Soluciones como Webdox CLM o DocuSign CLM, y plataformas españolas, permiten centralizar plantillas, versionado, aprobación y firma electrónica, reduciendo tiempos y errores en procesos contractuales.
Casos reales muestran beneficios tangibles: plataformas con capacidades de IA permiten análisis masivo de contratos para detección automática de riesgos; el caso del Grupo Azvi con Bigle es un ejemplo citado de uso de IA aplicada a revisión contractual en entornos corporativos.
Además, la recomendación práctica para asesorías es combinar CLM + firma electrónica cualificada + políticas internas de IA y DLP. Este paquete minimiza riesgos legales y operativos, garantiza la validez jurídica y facilita el cumplimiento de requisitos regulatorios (eIDAS, AI Act) y de los colegios profesionales.
Riesgos, ciberseguridad y gobernanza
La adopción de IA generativa y otras herramientas plantea riesgos ya constatados: inventado de citas de sentencias, referencias erróneas y filtrado de datos confidenciales. La prensa especializada y estudios académicos han alertado sobre la necesidad de verificación humana y políticas internas robustas para evitar responsabilidad profesional y brechas de secreto.
La ciberseguridad y la protección de datos figuran entre las principales preocupaciones de los departamentos jurídico‑inhouse: encuestas (por ejemplo, ICAM/GAD3 y otros estudios) muestran niveles de adopción previos al despliegue masivo (alrededor del 27% en algunos muestreos) y una intención de inversión elevada (Break the Limits/Aranzadi, 2025).
Por eso se recomiendan medidas concretas: gobernanza de proveedores, auditorías periódicas de modelos de IA, evaluación de sesgos y riesgos, políticas de DLP (prevención de pérdida de datos) y formación continua. Los colegios y el Consejo General han publicado guías y libros blancos que deben integrarse en las políticas internas.
Transformación digital de la Justicia y conectividad pública
La Transformación digital de la Justicia en España, articulada en el plan «Justicia 2030» y proyectos como Inmediación Digital, Puesto de Trabajo Deslocalizado y Justicia orientada al dato, impulsa interoperabilidad, ciberseguridad y servicios públicos digitales que afectan directamente al trabajo de las asesorías.
Servicios como ACCEDA‑JUSTICIA permiten ya subir documentos por encima del límite de LexNET, lo que ofrece una mejora práctica para despachos y asesorías que gestionan volúmenes importantes de documentación procesal. Portales, APIs y servicios de notificación/archivo electrónico facilitan la integración de flujos digitales con la Administración de Justicia.
La conectividad con la Administración obliga a que las asesorías planifiquen integración tecnológica y cumplimiento normativo, garantizando que los formatos, firmas electrónicas cualificadas y trazabilidad de documentos respondan a los requisitos públicos y a la protección del secreto profesional.
Legal Operations, KPIs y profesionalización del soporte digital
La tendencia hacia Legal Operations se acelera: grandes despachos y firmas (por ejemplo, ECIJA en febrero de 2026) crean áreas de Legal Operations/LegalTech para ofrecer automatización, rediseño de procesos, medición del rendimiento y gestión del cambio. Esto profesionaliza el soporte digital a asesorías y clientes in‑house.
Medir el impacto mediante KPIs (tiempos de ciclo de contrato, reducción de errores, coste por asunto, tasa de automatización) permite justificar inversiones tecnológicas y mejorar el retorno. El informe Break the Limits/Aranzadi (2025) muestra que el 48% de despachos planea invertir en IA generativa en 2‑3 años y que en asesorías internas la previsión sube al 58%.
Integrar LegalOps con políticas de gobernanza , auditorías de IA, control de proveedores, formación y DLP, es la vía para escalar tecnología con seguridad y conforme a la normativa (AI Act, eIDAS y guías colegiales). El Libro Blanco del CGAE y la Guía del ICAM ofrecen marcos operativos para ese despliegue.
Recomendación práctica para asesorías: implantar CLM + firma electrónica cualificada, establecer políticas internas de IA y DLP, auditar proveedores y medir impactos con KPIs de LegalOps. Estas medidas permiten mejorar eficiencia, reducir riesgo y cumplir las obligaciones regulatorias emergentes.
Los recursos primarios que conviene consultar son la Política CTEAJE sobre uso de IA (21/06/2024), la Guía ICAM Buenas Prácticas IA (05/02/2026), el Libro Blanco del CGAE (29/01/2026), el informe Break the Limits/Aranzadi (2025), el Mapa LegalTech PwC (2023) y el GLTHindex (presentación dic. 2025).
La transformación es ineludible y ofrece una ventana de oportunidad: las asesorías que combinen tecnología, formación y gobernanza estarán mejor posicionadas para liderar el cambio y ofrecer servicios seguros y competitivos en un entorno regulatorio más exigente.
