La prueba de paternidad es una análisis médico cuya finalidad es determinar si una persona es padre biológico de un niño o no. Cuando el análisis tiene como finalidad su uso en un procedimiento judicial, recibe el nombre de prueba de paternidad legal.
La legislación española prima la obtención de la verdad biológica sobre la verdad registral, es decir: lo importante en el Derecho español es saber quién es el padre biológico.
La protección del derecho de toda persona a conocer el nombre de sus progenitores está especialmente protegido en España, lo que hace que la prueba de paternidad legal adquiera una gran importancia.
Su fiabilidad, por otro lado, convierten a este tipo de análisis en un argumento, si no directamente decisorio, sí muy determinante en manos de un juez.
Cuando se excluye la paternidad (es decir, cuando el resultado es negativo), la fiabilidad es del 100%. Cuando, por el contrario, se reconoce la paternidad (es decir, cuando el resultado es positivo), la fiabilidad “desciende” hasta el 99,9999%.
Requisitos de una prueba de paternidad legal
La validez legal de este tipo de análisis está determinada por el cumplimiento de varios requisitos:
- En el proceso de toma de la muestra deben intervenir profesionales (peritos judiciales o médicos) que confirmen la identidad de las partes.
- Se debe proporcionar un consentimiento informado donde se dé la autorización al sometimiento de las pruebas.
- El análisis de las muestras debe realizarse en laboratorios acreditados.
- La cadena de custodia debe ser respetada, es decir, debe realizarse un seguimiento estricto y documentado del proceso de recogida, almacenaje y envío al laboratorio. La ruptura de la cadena de custodia implica que la prueba de ADN pierda toda validez legal y judicial.
Si cualquiera de los requisitos señalados no llegara a cumplirse, el test de paternidad puede ser impugnado por alguna de las partes o, directamente, no ser admitido.
Voluntariedad en la prueba de paternidad
El sometimiento a este tipo de análisis es voluntario. No hay obligatoriedad de someterse al mismo, tanto si lo solicita un juez como si no.
Si el juez lo ha ordenado, sin embargo, la negativa a realizarlo implicaría la pérdida del juicio. Así lo indica claramente el artículo 767.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
De hecho, sólo hay un motivo que legitima la negativa a realizarse el test: la inexistencia de relaciones sexuales de las que se derive directamente el hecho de la concepción. Y esto, ciertamente, es algo muy poco demostrable.
La negativa a someterse a un test de ADN puede, igualmente, afectar a la patria potestad respecto al niño. Esa exclusión o privación de la patria potestad no supone, en caso alguno, que cesen las obligaciones de alimentar, cuidar y tener contacto con los hijos.
Por otro lado, un padre puede, siempre que demuestre que es el padre “legal” del niño, acudir por su cuenta a un laboratorio con su hijo para comprobar si lo es biológicamente, es decir: si comparten la huella genética.
El padre, como tutor legal y aportando la documentación requerida, podrá acceder a las pruebas e intentar que, gracias a esas justificaciones y documentos, sea legal. Dependerá del juez aceptar o no el informe del laboratorio como prueba.
Del mismo modo, la prueba de filiación no puede realizarse de forma no voluntaria o sin ordenamiento judicial. Una muestra de ADN tomada a escondidas carece de validez jurídica. Si la persona sobre la que se quiere obtener una muestra de ADN ha fallecido y está sepultada, se necesita la orden del juez o el consentimiento de los familiares reconocidos legalmente para proceder a su exhumación.
Para solicitar la prueba de paternidad legal en vía judicial hay que ejercitar las acciones de filiación. Estas acciones son las de reclamación y la de impugnación y con ellas se puede crear o destruir, mediante sentencia judicial, una relación paterno-filial. Las puede pedir el padre, la madre o el hijo mayor de edad. Si el hijo es menor de edad o discapacitado, la acción de filiación será emprendida en su nombre por su representante legal o por el Ministerio Fiscal.
Para solicitar al juez un test ADN hay que aportar algunos indicios que fundamenten de una manera más o menos fehaciente la solicitud. Esto es así para evitar juicios sin fundamento y un uso fraudulento del uso de la investigación de la filiación.
Los resultados de una prueba de paternidad, finalmente, pueden influir directamente en las cláusulas del convenio regulador de un proceso de divorcio contencioso.
El test de filiación adquiere aquí una importancia capital, pues de su legalidad y resultado puede desprenderse el hecho de que no se imponga el pago de unas determinadas pensiones alimenticias si se demuestra que el hijo que lo ha sido legalmente del matrimonio no lo es, final y biológicamente, del padre.
Prueba de paternidad: precio
¿Cuánto cuesta una prueba de paternidad en España? Esta es la pregunta que se hacen muchas personas. El desarrollo tecnológico puede hacer pensar en que este tipo de tests se realiza de una forma sencilla, rápida y económica. Nada más lejos de la realidad.
El proceso de comprobación de una filiación es un proceso laborioso pese al avance tecnológio en el terreno de la génetica forense. Extremar al máximo el cuidado para que el resultado sea el correcto es fundamental. En este sentido, nada mejor que utilizar reactivos y equipos validados para genética forense. Esto servirá para analizar más marcadores y también para elevar el coste del test de ADN.
Hay laboratorios de genética que utilizan reactivos fabricados por el propio laboratorio y que, por tanto, pueden ofrecer tarifas menores. ¿De qué cantidad estamos hablando? De alrededor de 150 euros. Los laboratorios que utilizan reactivos y equipos validados para genética forense, por su parte, ofrecen tarifas de hasta 500 euros.
Los tests legales, los que son admitidos por la Administración de Justicia, deben realizarse en laboratorios cuyo protocolo de actuación se ajuste a los determinados por la Sociedad Internacional de Genética Forense. Estos laboratorios deben utilizar reactivos comerciales testados.
